El gobierno aprista, encabezado por el inefable Alan García, ha tenido una pésima respuesta en relación a los conflictos sociales porque espera que haya muertes para intentar resolverlos, en efecto hasta la fecha se ha confirmado 94 muertes de peruanos, las últimas cifras nacionales arrojan un total de 22 víctimas mortales sólo en el 2011, a causa del mal manejo en la solución de las protestas.
En la matanza de los nativos en Bagua fue el conflicto que acabó en un baño de sangre, la responsabilidad fue del gobierno por su intolerancia y autoritarismo, por los intereses que movieron la promulgación del DL 1090 y otros, por haber sido aprobado sin la consulta a los nativos y ser lesivo a sus intereses. La represión contra las protestas sociales, con el pretexto de imponer el principio de autoridad, han generado muertes inútiles; inclusive las hordas represivas utilizaron como carne de cañón a policías inexpertos, como si los problemas sociales y económicos que sufren los peruanos humildes, pudieran solucionarse mediante la represión.
Durante la protesta en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja, el gobierno ha generado conflictos por leyes que atentan y recortan el presupuesto de la universidad de Huancavelica; sin embargo el afán político de crear universidades a partir de otras existentes ha enervado las protestas sociales, pues lo que se busca es desvestir a un santo para vestir a otro.
No podemos esperar que haya muertes para solucionar las protestas sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado, que debe ser investigado en el próximo gobierno del Presidente electo Ollanta Humala, pues la sangre derramada no puede quedar impune.
Las 94 muertes de peruanos –ahora suman 6 muertos más en Puno- es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja las desproporcionadas medidas represivas, generados por leyes ilegales existentes que criminalizan las protestas sociales, dadas durante este gobierno para favorecer oscuros intereses económicos. Las concesiones mineras entreguistas no cumplen los mandatos internacionales de las consultas a los pueblos que viven en las zonas en conflicto, por consiguiente la violencia legal es propiciada y alentada por el propio gobierno, en tal sentido exigimos juicio y castigo a los responsables de estas muertes inútiles que enlutan al pueblo peruano, empezando por los directos responsables políticos.
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